miércoles, 14 de diciembre de 2016

Comentario

Dr. Freddy Pacheco León
Especialista en estudios de impacto ambiental


• DECRETO PRO PETROLERAS nuevamente A JUICIO por considerarse que la sentencia fue notificada dos días después del plazo de ley.
HORA de inicio 8:30 am, en el Tribunal Contencioso, mañana jueves 15 de diciembre del 2016.

RESUMEN:
ANTES de publicarse medio a escondidas el decreto ejecutivo Nº 26750-Minae el 27 de febrero de 1998, el ministro René Castro y el presidente José María Figueres conocían muy bien que las empresas petroleras TENÍAN que cumplir estrictos requisitos ambientales para acceder a la firma de los contratos para explotación de  hidrocarburos.
Todo el Título X del reglamento a la Ley de Hidrocarburos DETERMINABA en sus 17 ARTÍCULOS, los lineamientos para un Estudio de Impacto Ambiental completo e integral, en el que participarían profesionales de diversas disciplinas y donde la empresa, en su descripción del proyecto sometido ante la Setena, señalaría con claridad la ubicación de los sitios de eventual explotación.
El decreto publicado pocas semanas antes de terminar la administración Figueres, en un alcance de La Gaceta de disminuida circulación, EXIME a las petroleras de lo dispuesto en todos los artículos reglamentarios relacionados con el tema ambiental, para “llenar un VACÍO normativo”, según sus preocupados autores. Vacío que, ¡dicen ellos!, se deriva del hecho de que no se podía pedir a las petroleras ubicar los sitios de explotación sin antes hacer una prospección, o sea, una exploración del subsuelo en las áreas de interés, pues eso sería “tan desproporcionadamente oneroso que ninguna empresa, por más fuerte que fuere financieramente, podría costear”. “Cada etapa implica métodos de investigación más costosos y el detalle del conocimiento obtenido es más alto que en la etapa que precede; por ejemplo, los costos de los pozos exploratorios son extremadamente elevados” (…) De esta forma se evita un desgaste innecesario de recursos…”
Explicación que no es de recibo, pues se sobreentiende que si una empresa petrolera está interesada en obtener provecho económico de los recursos petroleros pertenecientes al Estado costarricense, es ella misma la más interesada en ubicar con certeza LOS SITIOS donde desarrollar su proyecto de explotación. Los artículos derogados con el decreto recurrido ahora ante el Tribunal Contencioso-Administrativo así lo determinaban, por lo que el tal “vacío normativo” no se ve por ningún lado.
Y si esto no es suficiente razón para provocar el rechazo casi generalizado que se ha despertado en contra de ese “decreto con aroma de petróleo”, invitamos a seguir leyendo porque lo que viene es increíble.   En el artículo 4º del aromático decreto, sus autores fueron bien CUIDADOSOS en determinar que un falso “estudio de impacto ambiental”, prácticamente sin proyecto que evaluar por parte de la Setena (la que normalmente no tramita por ser de muy bajo impacto ambiental) “será el requisito indispensable y SUFICIENTE” para FIRMAR EL CONTRATO adjudicatario con el cual el Estado (es decir, ¡todos nosotros!) se comprometa con el otorgamiento de derechos a la empresa interesada.
Así, según lo dispuesto para “llenar un vacío normativo” (como ha dicho don René Castro) a la empresa HARKEN le fue “aprobado” por la Setena un “estudio de impacto ambiental” de mentirillas en 1999, gracias a lo cual firmó con el presidente Miguel Ángel Rodríguez y la ministra Elizabeth Odio, un contrato por 20 AÑOS de explotación petrolera en un área de 5.600 km2, ¡ANTES de realizar un estudio de impacto ambiental propiamente dicho!
Un año después, la misma Setena aprobó un supuesto “estudio de impacto ambiental” presentado por la Mallon Oil Co. para un “proyecto” de recopilación de información bibliográfica sin estudios de campo. Según la petrolera Mallon, al haber cumplido literalmente con lo dispuesto EN DICHO DECRETO petrolero de Figueres-Castro (redactado dos años antes con la participación del entonces secretario general de la Setena) la empresa estima que ha cumplido con todos los requisitos dispuestos para proceder a suscribir el contrato que le daría firmeza jurídica a su concesión en UN ÁREA DE 9.500 km2.
En síntesis, sin haber presentado un estudio de impacto ambiental PREVIO a la contratación, y con el antecedente de la petrolera Harken, la empresa Mallon usa de estandarte LO DISPUESTO en el decreto para exigir al gobierno la firma del contrato que le permita iniciar el proceso conducente a la explotación petrolera.
:::
NOTA de referencia:
 “Para la preparación del decreto, solicité la asesoría de los abogados del Minae y del entonces secretario de la Setena, el doctor Allan Astorga, que con su equipo formuló una propuesta de texto para llenar el vacío normativo”. (René Castro)