martes, 17 de enero de 2017

Comentario

Un proyecto de "Ley de aguas" antiagricultor

Freddy Pacheco León
Dr. en Ciencias Biológicas

OBSESIONADOS en enterrar la magnífica “Ley de Aguas” que nos legara el Dr. Calderón Guardia, y que fuere modificada sustancialmente en 1996, aparece otra vez en la Asamblea Legislativa un nuevo y amenazante proyecto. Sin importar a sus proponentes que la Ley vigente JAMÁS ha significado obstáculo alguno para el desarrollo agrícola, pecuario, industrial, turístico, y en general, para los habitantes del país, desde hace años vienen buscando la oportunidad de aprobar una nueva legislación sobre el manejo del agua, que sigue lineamientos dictados por el Banco Mundial, por medio de su “brazo armado”, la Global Water Partnership (GWP), con muchos interesados en Costa Rica. 
El nuevo proyecto de “Ley de Aguas” (expediente Nº 20212) se las trae. Cual si las decenas de miles de productores agrícolas del país ya no tuviesen suficientes problemas, de aprobarse agravaría una situación que ya es insostenible.
Hay en Costa Rica alrededor de 300.000 AGRICULTORES que faenan en unas 190.000 FINCAS de cultivos anuales y permanentes, desde donde nos abastecen de arroz, frijol, maíz, papa, cebolla, tomate, lechuga, sandía, yuca, café, azúcar, banano, piña, naranja, plátano, papaya, aguacate, coco, etc. Agricultores muchas veces sometidos a situaciones cambiantes del mercado e inclemencias del tiempo, que les provocan pérdidas económicas. Agricultores que, en lugar de desincentivarlos, URGEN DE UNA MAYOR ATENCIÓN GUBERNAMENTAL, en un país que no logra levantar una producción industrial que, algunos creen, es sinónimo de progreso.
Pero resulta que en esa nueva Ley de Aguas, proyecto firmado por 42 diputados ¡sin haber sido SIQUIERA LEÍDO por la mayoría!, se establecerían cosas como las siguientes:
Como parte de una redacción muy pobre, se establece que para “Obtener CONCESIONES para el aprovechamiento de las aguas para fines agropecuarios”, SE HAN DE INSCRIBIR CUASI-SOCIEDADES ANÓNIMAS, con el nombre de “sociedades de usuarios del agua de uso agropecuario” formadas por al menos cinco productores del lugar, con capital social dividido en acciones comunes y nominativas. Mandato que insólitamente no toma en cuenta, cuántas MILES DE SOCIEDADES habría que crear a lo largo y ancho del país, para que los productores agropecuarios PUEDAN TENER ACCESO AL AGUA que necesitan para sus semillas y sus animales.
Aunque dicen que el número es intrascendente, porque algunas podrían ser formadas por decenas de productores agrícolas, surge otra cuestión: ¿En qué posición quedarían los agricultores que encuentren obstáculos para formar tales sociedades? ¿SE LES NEGARÍA EL AGUA?
¡Pero hay más! En el mismo proyecto, en su afán de recaudar dinero para un nuevo cuerpo burocrático que se crearía en el ineficiente Ministerio de Ambiente (Minae) se establece que las nuevas sociedades tendrían que sumar al COSTO DE SU CREACIÓN LEGAL, el pago obligatorio de sendos impuestos por APROVECHAMIENTO de agua y por VERTIDOS, “según corresponda”. Cánones que no son excluyentes y que serían fijados por EL TODOPODEROSO MINAE, según sea el humor del incompetente ministro de turno. Asimismo, aquellos productores agrícolas que como parte de sus labores de producción han de generar, necesariamente, vertidos diversos, también tendrían que pagar otro impuesto (al que le llaman “canon”) si, ¡como es inevitable!, estos “puedan modificar la calidad física, química y biológica del agua”, según ESTUDIOS que también tendrían que ser pagados por los mismos productores del campo.
El proyecto, que vendría a sustituir el hasta ahora frustrado intento por quitarle al agua su carácter de “BIEN SOCIAL”, para sustituirlo por el de “BIEN ECONÓMICO”, que era parte del vil engaño con que se tramitó el mal llamado de “iniciativa popular”, no deja de ser también una amenaza para el desarrollo de Costa Rica. Aquél se quiso presentar como nacido del pueblo; éste como de iniciativa del diputado guanacasteco Juan Marín, el diputado Antonio Álvarez y la exdiputada Maureen Ballestero, entre otros.
Se trata en fin, de una iniciativa de ley, inconsulta, ANTI-AGRICULTORES, donde el “valor económico” del agua tiene preponderancia sobre el agua como un bien vital, insustituible, demanial, al servicio del desarrollo y la lucha contra la pobreza. Proyecto que no considera, ni por casualidad, lo preocupante que es para Costa Rica, que en tan solo 30 años, los agricultores pasaron de ser el 32% de toda la población económicamente activa, A TAN SOLO EL 15%, como resultado del desdén gubernamental hacia el sector agrícola, donde la inversión pública no supera el 3,5%.
Convocado el nuevo proyecto a sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, y presentado cual si fuere resultado de un consenso alcanzado con el sector agropecuario y otros, casi inmediatamente después de publicado fue rechazado por las organizaciones agrícolas correspondientes. Sin embargo, se pretende aprobarlo por la llamada “vía rápida” que no permite su consulta ni su conocimiento y debate en comisión legislativa, por lo que consideramos urgente, llamar la atención al respecto para que no se le haga más daño a los desdeñados productores agrícolas de Costa Rica.