La APM Terminals en Moín y lo socio-económico
Freddy Pacheco León, PhD
Mientras por un lado, los jerarcas del Instituto Costarricense de Turismo y Japdeva muestran regocijo público ante la nueva temporada de llegada de cruceros a puerto Limón, que presagia un aumento sustancial y por, ende, mayores beneficios para sus habitantes, el mismo señor gerente del ICT expresa cierta indignación por la omisión que presenta el proyecto de construir la “Nueva Terminal de Contenedores” de Moín, conocida como APM Terminals Moín, S. A.
Según criterio del señor gerente general del ICT, don Juan Carlos Borbón Marks (folios 489-490 del expediente Nº 17968-2012-Setena) es preocupante que en el sector en que se construiría dicho proyecto, “han operado históricamente empresas turísticas locales que hacen uso del espacio desde el puerto fluvial Moín”. Y llama la atención, específicamente, en relación con el planteado “desvío del Río Moín” que afectará “el destino turístico Tortuguero”, con (dice textualmente) “una serie de atractivos turísticos que motivan el desplazamiento de movimiento estacional de visitantes cruceristas – turistas nacionales e internacionales”.
Y para que no haya duda del impacto negativo que tendría ese supuesto “desvío del río Moín”, solicita “que el análisis de la variable turística para el EsIA considere la existencia de varios pequeños atracaderos, muelles o similares a partir de donde inician los tours por los canales que dependen del nivel navegable del río y su paisaje aledaño”.
Pero no solo el ICT está preocupado por los aspectos socio-económicos de este proyecto. El director de urbanismo del INVU, don Leonel Rosales Maroto, también comunica a la Setena un criterio de su instituto que difícilmente se puede obviar. Dice el señor director que otra opción planteada por el proyectista es la de no desviar el río Moín, sino más bien utilizarlo para depositar en él los efluentes de la planta de tratamiento y las aguas pluviales, pero eso sí, proponiendo dragar los “sedimentos que deposite el río sobre el área del proyecto”, con el agravante de que no se presenten propuestas de acciones “para evitar la erosión de la cuenca y la eutroficación de las aguas que estarían mayormente estancadas en el estero de la boca…”.
E igualmente atendible, en la misma nota del INVU se destaca que el Índice de Fragilidad Ambiental –IFA- señala que la terminal de contenedores “se realizará en dos áreas ambientalmente frágiles: la zona marítimo terrestre y el mar abierto”, por lo que es fundamental “que la acumulación de cambios de usos de suelo provocados por la operación de la Terminal sean previstos por una readecuación de lo planteado por el Plan Regulador de Limón”. Ello en vista de que dicho proyecto “obvia cualquier regulación urbana existente”, pese a que el área de influencia directa, según los aspectos socioeconómicos, “comprende la totalidad del distrito de Limón, incluyendo la ciudad de Limón y los barrios periféricos”, vislumbrándose los impactos directos “que incluyen la contaminación por el ruido de motores, la iluminación no deseada, contaminación del aire por hidrocarburos volátiles y desechos de aceites, y similares”.
En sus observaciones finales, el INVU llama la atención en cuanto a la necesidad, todavía no satisfecha, de modificar el Plan Regulador de Limón, ya que se estima necesario considerar “el impacto socio-económico” sobre la ciudad de Limón, para lo cual se “requiere tomar previsiones urbanas en la zona marítimo terrestre afectada, prever los cambios de la zona portuaria y la inclusión de nuevos desarrollos económicos…”. Por ejemplo, que pudieren sustituir los beneficios derivados de la llegada de cruceros turísticos (agregamos) que en estos días los entes gubernamentales destacan como de vital importancia para Limón.
Para terminar, he aquí algunos aspectos de este proyecto de casi US$1.000 millones, que, cabe aclarar, ya cuenta con la aprobación y aval contralor de un contrato de concesión, ¡previo a la aprobación de una eventual viabilidad ambiental de parte de la Setena! Contrato que por cierto, incluye la opción de desviar el río Moín, que es parte de uno de los 10 humedales costarricenses (humedal Cariari) con protección del Convenio internacional sobre Humedales Ramsar, según decreto ejecutivo Nº 23253-Mirenem, emitido al final de la administración Calderón Fournier. Pues bien, dicho proyecto contempla un área de relleno en el mar de 78,6 hectáreas (un poco más grande que La Sabana metropolitana) con rompeolas de siete metros sobre el nivel del mar y donde será necesario hacer un gigantesco trabajo de minería, como lo es dragar varios miles de millones de toneladas de sedimentos, que se lanzarían al mar donde las corrientes llevan un sentido hacia el sur. Es, por tanto, un proyecto que por su magnitud demanda especial cuidado, por lo cual aplaudimos la decisión de la Setena de acordar que se discuta y dialogue sobre él en una audiencia pública que, aclaramos, no solo es de importancia local sino nacional, en vista de sus repercusiones.
*Especialista en Estudios de Impacto Ambiental
