lunes, 1 de agosto de 2011

CUESTIONABLE DECRETO PETROLERO

Dr. Freddy Pacheco León
Catedrático UNA

Hasta marzo de 1998 EXISTÍAN en el reglamento a la Ley de Hidrocarburos emitida dos años y medio antes, 17 artículos que orientaban y regulaban todos los pasos que constituían el proceso conducente a obtener de la Setena, la necesaria VIABILIDAD AMBIENTAL como REQUISITO para que empresas interesadas, pudieran suscribir con el Estado CONTRATOS de exploración y explotación petrolera. El día 17 del mes señalado, se publicó en un Alcance de La Gaceta de poca circulación, un DECRETO EJECUTIVO con el que SE DEROGARON todos esos artículos reglamentarios; a partir de ese momento SE EXIMIÓ a los interesados en explotar pozos petroleros en Costa Rica, la presentación PREVIA de un estudio de impacto ambiental, completo, integral, en fin, propiamente dicho.
El presidente don José María Figueres y su ministro don René Castro, responsables de la publicación de ambas normas (el reglamento y la posterior derogatoria parcial) establecieron como alternativa en el decreto del ’98 (Nº 26750-Minae) que a partir de ese momento las empresas solo tenían que presentar un mal llamado “estudio de impacto ambiental”, para proyectos sin impacto alguno que evaluar, como serían “aquellos otros cuya aplicación se restringa (sic.) al uso de instrumentos manuales…”.
Para ello la empresa Harken optó por presentar un pequeño proyecto de “reflexión sísmica marina”, mientras que la Mallon Oil Company, optó por presentar un “PROYECTO” de recopilación e interpretación de información bibliográfica, que aunque no parece calzar con lo dispuesto, SIRVIÓ para que fuere aprobado hace 11 años por la Setena cual si fuere un VERDADERO “estudio de impacto ambiental”.
Ahora bien, si solo se tratara de la etapa de exploración preliminar que necesariamente han de desarrollar los interesados en explotar petróleo costarricense, tal vez no estaríamos actualmente solicitando su ilegalidad ante el Tribunal Contencioso-Administrativo. Pero hay algo MUCHO MÁS PREOCUPANTE.
Ha de considerarse que si una compañía solicita vía contrato una concesión con el Estado, ella necesariamente habrá hecho ANTES los estudios exploratorios o de prospección que le habrán permitido UBICAR LOS SITIOS de perforación más prometedores, pues en un área total de 9.500 km2 lógicamente necesitarán orientar sus acciones extractivas hacia metas con cierto grado de probabilidad.
Por ello, en los 17 artículos reglamentarios DESGARRADOS por el decreto Figueres-Castro, se enfatizaba LA NECESIDAD de ubicar los sitios de exploración y probable explotación, donde inevitablemente se producirían los impactos ambientales inherentes a una actividad semejante. El proceso tenía pues una lógica razonable que, inexplicablemente, fue desechada por el decreto ejecutivo al determinar en su artículo 4º, que la aprobación del “estudio de impacto ambiental” (el de mentirillas) “será el REQUISITO INDISPENSABLE Y SUFICIENTE para que el acto adjudicatorio (sic.) de una concesión petrolera sea declarado en firme…”.
De esta forma, en 1999 la CONTRALORÍA General de la República APROBÓ el contrato que firmara el presidente don Miguel Ángel Rodríguez y su ministra doña Elizabeth Odio con la empresa MKJ Exploration Inc. (Harken), al considerar entonces que efectivamente la Setena había “aprobado” un estudio de impacto ambiental de verdad.
Hoy día, la empresa Mallon Oil Company, con sustento jurídico EN EL DECRETO Figueres-Castro y el proceso seguido por Harken hasta la firma del contrato, entre otros, reclama el mismo trato al apelar una reciente RESOLUCIÓN DE LA Setena que, APARTÁNDOSE de lo dispuesto en el decreto recurrido, ha solicitado a esta petrolera cumplir con los procesos vigentes relativos a proyectos de alto impacto ambiental.

NOTA:
ARTÍCULO PUBLICADO ANTES DE CONOCERSE LA NOTICIA QUE A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO EL MINISTRO DE AMBIENTE SERÍA RENÉ CASTRO, QUIEN NO SOLO ES RESPONSABLE DEL DECRETO —QUE DICE ÉL FUERE REDACTADO POR ALLAN ASTORGA— SINO QUE DE RECHAZAR LA SETENA EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR MALLON OIL, QUIEN DECIDIRÍA LA APELACIÓN SERÍA PRECISAMENTE ESTE NUEVO MINISTRO.