Comentando

“Argumentos” históricos nicas sobre el río Colorado

Freddy Pacheco León* 

Con lo que se podría considerar una estrategia por “filtrar” parte de los argumentos que el gobierno de Daniel Ortega ha presentado ante la Corte Internacional de Justicia, como parte de la demanda presentada por Costa Rica relacionada con la invasión nica a isla Calero, cabe analizar las siguientes declaraciones de Edén Pastora en la televisión de su país: 

"Nicaragua está demandando un derecho que le dan los tratados (sic.) Cañas Jerez; así como a Costa Rica le da derecho de navegar nuestro río San Juan, a nosotros, mientras no tengamos un puerto en la desembocadura del río San Juan en punta Castilla, nos da derecho de navegar el Colorado (...) Nuestro presidente... metió esta solicitud o esta revisión del Tratado Jerez Cañas hace un año..." (Transcripción textual). 

Antes, recordemos, Ortega y sus asesores habían indicado que como nuestro río Colorado recibía la mayor parte de sus aguas provenientes del río San Juan, ello lo convertía en un río internacional, aunque su curso fuera por territorio costarricense. Y que ante esa realidad, así como los ticos teníamos derechos de libre navegación en parte del río San Juan consagrados en un tratado internacional, los nicas a su vez, en reciprocidad, deberían de tener derechos semejantes en el Colorado. Pero ahora, sorpresivamente, el argumento esgrimido por el comandante Cero, pretende ser de carácter histórico. 

Como los gobernantes nicaragüenses han demostrado en el pasado ser inescrupulosos a la hora de reescribir la historia según sus intereses, ha de educárseles enseñándoles que el argumento histórico revelado por Pastora, en relación con el estatus del ejercicio de la soberanía nicaragüense en San Juan del Norte al momento de la firma del Tratado Cañas – Jerez en 1858, fue superado hace unos 130 años. Que lo que se plantea en el artículo V del Tratado era una situación temporal; una situación relacionada con la ocupación por el Imperio Británico de la región de San Juan del Norte y otras zonas del Caribe nicaragüense, por lo cual se resolvió entonces que mientras Nicaragua no ejerciera su soberanía en esa región, se tomaba el río Colorado como límite entre ambos países. 

De esta forma, en los años en que se emiten el Laudo del Presidente Cleveland en 1888 y el laudo Nº1 del general Alexander en 1897, no se hace mención alguna a la situación de ocupación militar ya superada entonces. En su laudo arbitral Alexander se esmera en la ubicación física de Punta Castilla, como sitio donde se inicia el límite terrestre entre ambas naciones, mientras el presidente estadounidense resuelve, en el punto 7 de su trascendental laudo, que “El brazo del Río San Juan conocido con el nombre de Río Colorado, no debe considerarse como límite entre las Repúblicas de Nicaragua y Costa Rica en ninguna parte de su curso”. Ambas, manifestaciones expresas de una delimitación claramente descrita que mantiene su plena vigencia. 

No existe pues, en la actualidad y desde hace más de un siglo, la situación que condujo a la cuidadosa redacción del artículo V del Tratado Cañas Jerez. Nicaragua ejerce plenamente sus derechos territoriales sobre toda su geografía y no existe ninguna razón retorcer caprichosamente la historia con cuentos semejantes. Solo en la mente del comandante Cero y demás “expertos en derecho internacional” radicados en Managua (Incer, Herdocia, Ortega, Murillo…) cabe alegar algo tan opuesto a la lógica y la razón. El río Colorado es un río costarricense, que corre enteramente por territorio costarricense y sobre el cual el Estado nicaragüense no tiene ningún derecho, por lo que los costarricenses jamás permitiríamos que con cualquier pretexto o disparate, como los confesados públicamente en Nicaragua, se pretenda violar nuestra soberanía territorial. 

Y si, como afirma Cero en la misma entrevista, “Nuestro presidente... metió esta solicitud o esta revisión del Tratado Jerez Cañas hace un año...", es imposible comprender por qué el comandante insiste en demostrar su ignorancia y reconocido cinismo, pues entendemos que Nicaragua no está planteando una “revisión” del tratado ante la Corte en La Haya, pues no solo es improcedente plantear algo semejante ante ese tribunal de la ONU, sino que sería regresar a los conflictos vividos y resueltos en el siglo XIX. Y si es así (ya nada debería de sorprendernos con el gobierno de Ortega) llama la atención que Cero, como "asesor" de Ortega, divulgue lo que estaría supuestamente planteado en los documentos que todavía no se pueden dar a conocer a la opinión pública por ninguna de las Partes.

En fin, podría tratarse de una estrategia sandinista, poco brillante pero quizá efectiva para sus objetivos políticos internos, tendiente a procurar que se “filtre" por medios informales dicha información, para, basados en la falaz desinformación, promover sentimientos nacionalistas en su pueblo y, quien quita un quite, de paso acusar a las autoridades costarricenses ante la Corte Internacional de Justicia, de divulgar información reservada cuando se vea obligadas a responder públicamente, las sandeces repetidas como verdades en Managua. Además de que, al enredar el proceso incoado por Costa Rica en La Haya como consecuencia de la injustificada invasión nica a isla Calero, el fallo que se vislumbra como una derrota para la nación invasora, podría atrasarse si se le acepta a Nicaragua incorporar estos nuevos alegatos como algo a resolver en el proceso ya muy adelantado. Esperamos que el buen juicio de los magistrados de la ONU les lleve a rechazar esta burda maniobra, al igual que la planteada anteriormente en similares términos donde osan afirmar que por efectos de la construcción inicial de la Ruta 1856, los ticos estamos “destruyendo” el río San Juan y que ello debe verse como un único caso junto al de la invasión. 

* Especialista en estudios de impacto ambiental