• ESPH se opone a
modificación de zona inalienable
• Contraloría General de
la República se manifestó en contra de propuesta
Cerca del 60% del agua que
llega a los habitantes del Valle Central, proviene de los mantos acuíferos de
las montañas del macizo de Barva y cerros aledaños. Gracias al Decreto Ley 65 de 1888, miles de
hectáreas de esa zona fueron declaradas inalienables para garantizar la
recarga.
Ahora, el proyecto del
diputado William Alvarado propone restar un 18% de este terreno protegido para
permitir el desarrollo urbano. La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), se opone
vehementemente.
“No existe en el mundo otro sitio más protegido como ese. Primero es una Ley de 1888 que la protege, luego una reserva forestal de los años 70, después el Parque Nacional Braulio Carrillo y una parte de ampliación del 2015 de 2.600 hectáreas y posteriormente es Reserva de la Biosfera declarada por la Unesco.” Quírico Jiménez, coordinador de la Unidad Ambiental de la ESPH.
Este proyecto, bajo el
expediente 20.511 que se encuentra en la Comisión Especial de Heredia de la Asamblea
Legislativa, pone en riesgo las fuentes superficiales de agua, así como también
los mantos acuíferos, debido a que se utilizarían terrenos para asentamientos
humanos y otro tipo de actividades.
“Todos sabemos la importancia de esta zona para el futuro del agua del Valle Central. El objetivo de loslegisladores de entonces (1888) era proteger el recurso hídrico de Heredia,San José y Alajuela. Con este proyecto lo que se eliminaría es este objetivo y ahí es donde están los acuíferos más importantes del Valle Central que son Barva, Colima Inferior y Colima Superior”, mencionó Jiménez.
La ESPH se ha
caracterizado por la protección de las fuentes de agua con proyectos como la
tarifa hídrica y la protección de zonas de recarga, así como estudios
científicos que respaldan el conocimiento de las fuentes de agua y recarga de
acuíferos de la provincia.
Por partida doble
Junto con este proyecto,
la Comisión de Heredia estudia otro presentado por el mismo diputado Alvarado
que busca eliminar al representante de los trabajadores de la ESPH en la Junta
Directiva para dárselo a las municipalidades socias e incluir representaciones gremiales
en la Junta Directiva.
“El proyecto le daría la mayoría de votos a las municipalidades, con el riesgo de que las decisiones de la Empresa se guíen por compromisos políticos e ideológicos de grupos radicales. No por un criterio técnico y científico de administración de recursos que ha prevalecido hasta hoy.” Allan Benavides, Gerente General de la ESPH.
Actualmente la Junta
Directiva se compone por cinco miembros que representan a la
Universidad Nacional,
Cámara de Industria y Comercio, trabajadores de la ESPH,
Municipalidad de Heredia
(qué posee el 93% de las acciones) y un puesto que alterna cada año la
Municipalidad de San Isidro y San Rafael, dueñas del 7% restante del capital de
la Empresa.
Actualmente la ESPH
mantiene fuertes restricciones en el otorgamiento de nuevos servicios en las
zonas altas de los cantones de San Isidro y San Rafael, para evitar un crecimiento
urbanístico insostenible y que afecte las zonas de recarga que suministran el agua
a cerca de 300 mil personas y a la población flotante que llegan a la ciudad todos
los días.
“Por un lado se presenta un proyecto para darle más poder a las municipalidades y por otro lado un proyecto que quiere liberar terrenos inalienables, pero de un valor muy alto si se autoriza su liberación. No se puede dejar pasar proyectos de este calibre, con el agua del país en juego, sin revisar que está pasando”, Allan Benavides.
El Gerente General agregó
que, de pasar ambos proyectos, este gobierno se involucraría innecesariamente
en las consecuencias ambientales y el riesgo que esto representa para el abastecimiento de agua potable en el futuro.
La Contraloría General de
la República también se manifestó en contra del proyecto que disminuye la zona
inalienable señalando el riesgo de contaminación y afectación de las tomas de
agua superficiales y subterráneas, lo cual es una posición valiosa para la
defensa de los intereses de la comunidad nacional afectada.
